México, D.F., a 24 de noviembre de 2010

Boletín de prensa

  • El Estado mexicano ha favorecido la impunidad en el caso de policías que torturaron sexualmente a mujeres detenidas en Atenco
  • Las instancias creadas para investigar la violencia contra las mujeres han sido ineficientes
  • Reitera el Centro Prodh su exigencia de justicia para las mujeres denunciantes de tortura sexual

La violencia, ejercida como tortura sexual, contra las mujeres detenidas en Atenco durante la incursión policial de los días 3 y 4 de mayo de 2006 a la vez que muestra la falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos es expresión de la discriminación contra las mujeres, por motivos de género, en el país.

De esta violencia, que ha alcanzado sus expresiones más trágicas en el incremento de feminicidios, señalamos como responsable al Estado mexicano que la ha alentado en la actuación de las fuerzas de seguridad o la ha permitido al no crear las instancias pertinentes ni adoptar las medidas eficientes para erradicarla.

Pese a que la tortura sexual contra las mujeres detenidas en Atenco ha sido rigurosamente documentada, hasta la fecha, a más de cuatro años, ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la incursión violenta han sido sancionados.

En febrero de 2006 fue creada la Fiscalía especial de violencia contra las mujeres (Fevim), instancia a la cual correspondía realizar todas las investigaciones de casos en los que se hubieren cometido delitos violentos contra las mujeres y en 2008 esta instancia fue sustituida por la Fiscalía especializada en investigación de delitos violentos contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra). Ésta última tuvo a su cargo la investigación de la tortura sexual contra las mujeres detenidas. Sin embargo, aun cuando consideró que en Atenco se perpetró tortura sexual en contra de las mujeres, no consignó a los responsables a pesar de la existencia de todas las pruebas. Por el contrario, en un acto que refuerza la impunidad, declinó su competencia a favor de las instancias de justicia del Estado de México, donde no existen condiciones favorables para continuar con las investigaciones debido a que éstas se sujetan a los designios del titular del Poder Ejecutivo local, Enrique Peña Nieto.

Las dos fiscalías han sido, como lo han sido instancias semejantes, completamente ineficientes. Los resultados ofrecidos por la Fevimtra, por ejemplo, son realmente escasos. Entre febrero de 2008 y octubre de 2010 ha recibido al menos 386 denuncias, únicamente en dos casos ha ejercido la facultad de atracción de casos de violencia contra las mujeres, ha declinado la competencia a otras instancias en 139 averiguaciones y ha consignado únicamente 45 casos de los cuales sólo se han ejecutado 17 órdenes de aprehensión contra los probables responsables. La actividad de esta fiscalía contrasta fuertemente con algunos datos sobre la violencia contra las mujeres, la cual va en aumento. Por ejemplo, en fechas recientes, integrantes de la Misión internacional por acceso a la justicia de las mujeres en la región de Mesoamérica dieron a conocer que hubo 1728 feminicidios en 18 estados, de enero de 2009 a junio de 2010.

No obstante los compromisos internacionales asumidos en la materia por el gobierno mexicano, denunciamos la inoperancia de las instancias encargadas de poner un alto a la violencia contra las mujeres. Su desempeño no corresponde a los altos sueldos de los funcionarios de la Fevimtra ($193,755.52 para la titular de la fiscalía) y se ve reflejada en la deficiente integración del personal encargado de las averiguaciones.

Ante estos hechos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro reitera su exigencia de justicia para las mujeres torturadas sexualmente en Atenco al mismo tiempo que insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a admitir el caso de once mujeres que presentaron su petición en abril de 2008.

 

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Quetzalcoatl g. Fontanot
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